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1.3.1. Nivel Inicial y Básico El mejoramiento de la educación dominicana constituye uno de los cambios de mayor significación en el área social observados en las ultimas décadas en la sociedad dominicana. La asistencia a las escuelas y el nivel de escolaridad de la población aumentaron a un ritmo sin precedentes, adquiriendo mayor relevancia en la década de los ’90 con el proceso de diseño y desarrollo del Plan Decenal de Educación en el que participaron diversos y variados sectores del país y de organismos internacionales, bajo la dirección de la Secretaria de Estado de Educación (SEE). Este hecho presenta un gran aporte al aumento del capital humano futuro, a la superación de la pobreza y a las posibilidades de avanzar en el próximo milenio hacia el logro de un mayor nivel de humanización y de un desarrollo humano sostenible en el tiempo. Este mejoramiento de la educación ha beneficiado mayormente a la población infantil, (niños y niñas) del Nivel Básico, los cuales comienzan a disfrutar más temprano en su vida de las ventajas que ofrece el sistema educativo. Según los resultados de la ENDESA-96, en el año 1996 el 92,9% de la población infantil de (6 a 12 años) estaba incorporada en las escuelas. Si tomamos en consideración las cifras oficiales de las proyecciones nacionales de población (ONE y CELADE, 1989), el nivel de cobertura para el año 1996 es de aproximadamente 1,200.000 niños y niñas de 6 a 12 años estarían matriculados en el Nivel Básico del Sistema Educativo Dominicano (Cuadro No.4).
Sin embargo, aunque una cobertura de esa magnitud puede considerarse relativamente alta en el contexto de los países subdesarrollados, también revela que en 1996 permanecían fuera de las aulas cerca de 95,076 infantes (7.1 por ciento) de 6 a 12 años. esta situación requiere del despliegue de esfuerzos y recursos para lograr la matriculación de casi 100 mil infantes que estarían siendo excluidos del sistema educativo nacional. Como puede apreciarse, mientras en 1996 la tasa de asistencia escolar correspondiente a la población de 6 a 12 años fue de 92,9 por ciento, en 1991 apenas alcanzaba la cifra de 83.5 por ciento, para un aumento de diez (10) puntos porcentuales en sólo cinco (5) años. Estos aumentos fueron más intensos entre las edades de 6 a 9 años, debido posiblemente a que los mayores aumentos ocurrieron en la matrícula inicial. De la tasa de asistencia escolar para el año 1991 se infiere que aproximadamente 205,000 infantes de 6 a 12 años estarían fueras de las aulas, mientras que alrededor de 1,039,229 estarían matriculados y asistiendo a escuelas públicas o colegios privados, por lo que se concluye que de 1991 a 1996 la matrícula escolar del Nivel Básico pudo haberse incrementado en más de 200,000 alumnos.
Uno de los factores motivadores del espectacular aumento en la cobertura de la Educación Básica lo constituye la aplicación sistemática del Programa de Alimentación Escolar. Encuestas recientes realizadas por estudiantes de Educación del Centro Universitario Regional del Suroeste (CURSO-UASD), dan cuenta del extraordinario impacto que ha causado la implementación del programa de Alimentación Escolar Fronterizo (PAE-Fronterizo) en la Educación Básica de la subregión Enriquillo. Citan específicamente el gran aumento registrado en la matrícula escolar, como también la reducción sustancial de la repitencia y la deserción escolar. Cabe resaltar, además, los grandes esfuerzos desplegados en el marco del Plan Decenal de Educación en donde habría que destacar los programas de Formación de Maestros en Servicios (Proyecto PRODEP y BID y Formación de Bachilleres en Servicios), así como también los programas de Postgrado en Educación, dirigidos a la formación del personal técnico y directivo del Sistema Educativo Dominicano. Ha sido de mucha significación, además, el Programa de Participación Comunitaria y su trabajo directamente con las asociaciones de padres y amigos de las escuelas y la integración de la comunidad educativa. Existe la creencia de que con este programa se ha logrado una mayor motivación en la comunidad educativa favoreciendo significativamente el ingreso y permanencia de los niños y niñas en las escuelas. Es reconocido por todos los sectores de la vida nacional las atinentes medidas consignadas en el Plan Decenal de Educación referidas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del sector magisterial, las cuales se han ido aplicando gradualmente. El personal docente del Nivel Básico durante el año 1995/96 fue de 39,022 maestros, de los cuales 32,975 correspondían al sector público, destacándose el hecho de que 12,456 pertenecían al Distrito Nacional (31.9%).
Un segmento poblacional importante muy marginalmente atendido por la educación pública es el de los menores de seis (6) años, los que en la estructura educativa actual de la República Dominicana corresponderían al Nivel Inicial. Si descontamos el Programa de Educación Preescolar no Formal, ofrecido sólo en algunas áreas geográficas, sobre todo de la Región Fronteriza, la oferta educativa en este nivel era prácticamente inexistente hasta la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Educación 66-97. Obsérvese en el cuadro anterior que el sistema público sólo dispone de un total de 23 centros educativos formales de este nivel, y aunque dice contar con 759 centros de Educación No Formal, éstos en realidad tienen una cobertura muy limitada, se trata más bien de espacios hogareños que atienden aproximadamente 15-20 estudiantes, y en condiciones de operación muy precarias (maestros por lo general no preparados, espacios físicos inadecuados, falta de materiales educativos, pagos muy irregulares y de muy bajo monto a los maestros). De hecho el sector público solo ha estado cubriendo, y de manera parcial, el último grado del Nivel Inicial el cual se imparte en las escuelas de Educación Básica. En la presente gestión de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura (SEEC) se ha estado trabajando en el desarrollo e implementación del Programa de Educación Inicial elaborado por la presente administración con el apoyo de UNICEF y de instituciones de la sociedad civil. 1.3.2. Nivel Medio Hasta el año escolar 1986/87, el Nivel Medio estaba integrado por las modalidades Técnico-Profesional, Media Reformada y Media Tradicional. La Educación Media Tradicional o Plan Tradicional fue creado en el año 1950 mediante la ordenanza 842/50. Con la finalidad de reformar dicho plan y ajustar la Educación Media a las nuevas exigencias requeridas por los sectores productivos y de servicios, surgió, en el año 1970, el Plan de Reforma de la Educación Media, creado mediante la Ordenanza 1´70 y 2´70. Dicho Plan pretendió articular el producto de la educación al modelo económico que recién se articulaba en el marco de las leyes de incentivo industrial dispuestas para tales efectos. Aunque se pensó en un plan de diversificación de la educación con áreas curriculares diversas (industrial, agricultura, Humanística, Enfermería, etc.) el Plan de Reforma de la Educación Media no surtió los efectos esperados y desde el año escolar 1986/87 fue desapareciendo progresivamente dando paso de esa forma al antiguo plan tradicional. La otra modalidad del Nivel Medio, que aún permanece, es la denominada Técnico-Profesional. Se trata de un conjunto de instituciones que enfatizan un nivel de Técnico Medio (Bachiller en áreas específicas como electricidad industrial, artes y oficios, costura etc.). Dicha educación se administra en los denominadas Politécnicos. Como se podrá observar, sólo existían 16 centros de estudio de esta modalidad en todo el país lo que, comparado con los 446 centros de Educación Media disponibles al año escolar 1995/96, apenas representa un 3.6% de estos, y un 7% de la matrícula de dicho nivel (véase Cuadro No. 7).
Según las estadísticas disponibles el Plan de Educación Media Tradicional cuenta con la mayoría de la matrícula de este nivel, 160,280 estudiantes, contra 14,097 de la modalidad Técnico Profesional. Durante el año escolar 1995/96, la composición de la matrícula de este nivel según provincias del país era la siguiente:
Obsérvese que gran parte de la matrícula del Nivel Medio (29.3%) correspondió al Distrito Nacional. Si a esta última se le suma la matrícula de la Provincia de Santiago (15,386) y la de La Vega (8,665), se descubre que el 43.9% de la matrícula de Nivel Medio está concentrada en esos tres territorios. Con la transformación curricular aprobada mediante la Ordenanza 1´95 del mismo año se contemplan las siguientes modalidades y áreas de formación:
No obstante esta diversidad de área técnicas alternativas propuestas en la transformación curricular (Ordenanza 1-95) es muy poco lo que de ellas se implementan en la actualidad. Hay que observar que la implementación de estas áreas requieren de un fuerte complemento de recursos y maquinarias técnicas, como también de maestros y maestras con la adecuada preparación en las mismas. 1.3.4. Educación Superior 1.3.4.1. Breve Reseña Histórica La educación superior en la República Dominicana, ha experimentado cambios espectaculares en las últimas cuatro décadas. De menos de 3,000 estudiantes y una sola institución de educación superior hasta el inicio de la década de los años 60, al 1986 ya el país contaba con 26 instituciones educativas de este nivel y con una matrícula de más de 124,000 estudiantes. Estas cifras aumentaron hasta finales del año 1997 a un volumen de 176,953 estudiantes y unas 35 instituciones de educación superior, entre ellas 28 categorizadas como universidades y 7 institutos de estudios superiores. Hasta el año 1960 sólo existía la Universidad de Santo Domingo, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Esta institución, la primera de su género en el Continente Americano, fue establecida originalmente como Universidad Santo Tomas de Aquino mediante la Bula “IN APOSTULATUS CULMINE” emitida por el Papa Paulo 111 el 28 de Octubre del año 1538. Esta licencia se produjo en reconocimiento a la labor desarrollada por el Centro de Estudios Generales que administraban los Padres Dominicos desde el año 1518. En el año 1961 mediante la Ley 5778 del 31 de Diciembre de ese mismo año le fue conferida la característica de Autónoma a la Universidad de Santo Domingo, adoptando desde entonces el nombre con el que se le conoce hoy: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Esta misma Ley consagró, además, el “fuero universitario” y la autonomía administrativa de la institución sobre la base de un 5% anual del Presupuesto Nacional. En el año 1962 fue creada la primera universidad privada del país Universidad Católica Madre y Maestra (UCMM) mediante la Ley 6150/62. más tarde, en el año 1987, fue distinguida por el Papa Juan Pablo 11 con el título de “Pontificia”. Desde entonces asume el nombre de Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Desde el año 1966 hasta el 1983 fueron autorizadas 12 instituciones (32.4% del total actual). Este período coincidió con la existencia de un marco jurídico de muy poco rigor amparado en las leyes (273/66 y 236/67), las que en su conjunto no llegan a 10 artículos y que ponen en manos del Presidente de la República la decisión de otorgar mediante Decreto el derecho a operar para nuevas instituciones de educación superior. Al efecto, la Ley 273/66 establece en su primer artículo que las IES que puedan ser creadas por la iniciativa privada “podrán expedir títulos académicos con los mismos alcances, fuerza y validez que tienen los expedidos por las instituciones oficiales o autónomas de igual categoría”, pero condicionadas a que estas asuman la misma estructura curricular y los mismos requisitos de ingreso que sus homólogas del Estado, entiéndase UASD, entre otros aspectos. El Art.2 establece restricciones docentes sólo a carreras que requieren de Exequatur para su ejercicio profesional. Los restantes cuatro artículos se refieren a exoneración de impuestos, apoliticidad de las IES, otorgamiento de personería jurídica mediante Decreto del Poder Ejecutivo y posibilidad de fiscalización por parte del Estado. Un año más tarde fue aprobada la Ley 236/67, la cual surgió de manera especial para suprimir las condiciones impuestas para la autorización de nuevas instituciones de educación superior establecidas originalmente en el Art.1 de la Ley 273/66. De ese modo se dejó a las IES privadas en libertad de asumir su propia estructura curricular. El año 1983 marca una etapa importante en la historia de la educación superior dominicana con la creación, mediante el Decreto 1255/83 del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), y con él un marco regulatorio complementario (Reglamento de Educación Superior Dominicana). A partir de ese momento, si bien el otorgamiento de nuevas franquicias universitarias las continuaba otorgando el Presidente de la República, estas decisiones descansaban en recomendaciones del CONES con base en evaluaciones técnicas de los proyectos correspondientes. Como se aprecia en la gráfica, desde el 1983 hasta el 1997 se crearon 23 instituciones, las cuales representan un 62.2 % del total.
Gráfico No. 16
Los períodos específicos de mayor otorgamiento de decretos de aprobación de instituciones de educación superior corresponden a los años 1980/85, 1985/90 y 1995/96, en los cuales fueron aprobadas 8 instituciones en el primero y 7 en cada uno de los otros. Tan sólo entre el 1995 y el 1996 fueron incorporadas seis (6) instituciones; esto es, el 16.2% del total de las IES, lo que significa que en tan sólo dos años se aprobó la misma cantidad de IES privadas que se aprobaron durante la década de los años 1970. 1.3.4.2. Oferta Educativa Superior 1.3.4.2.1. Programas de Estudio Hasta el año 1997, la oferta educativa superior presentaba un abanico de 40 núcleos de carreras. Con alrededor de 1,202 programas distribuidos entre los niveles Técnicos, de Grado y de Postgrado. Como puede verse en el gráfico, un 47.5 % están siendo ofrecido a un nivel de grado, lo que significa que las IES ponen mayor énfasis en las ofertas de carreras profesionalizantes. Es importante destacar que si bien se consignan unos 420 programas en el ámbito técnico, en la mayoría de los casos se trata de salidas intermedias de carreras de grado, y no de carreras técnicas terminales o independientes.
Gráfico No. 17 Son estos los casos, por ejemplo, de los denominados Certificados de Estudios Superiores en Educación, en los que al término del 4to. Semestre o su equivalente de estudio se otorga el referido título, quedando el estudiante ante la opción de completar cuatro semestres más para obtener el grado de licenciado. Lo mismo ocurre con las carreras de Estadísticas, Bioanálisis, Enfermería, Contabilidad, etc. Es importante destacar, además, el auge de programas de Postgrado, los cuales representan un 17.4% del total de la oferta actual y en los últimos años este nivel se perfila con un alto crecimiento. 1.3.4.2.2. Comportamiento de la Matrícula Estudiantil En los últimos 5 años se produjo un notable crecimiento de la matrícula estudiantil de las IES del país. De 127,409 estudiantes en 1994; esta aumentó a 176,935 en el 1997, cerca de 50 mil estudiantes más en tan sólo cuatro años, para una tasa de crecimiento global durante dicho período de un 28%, lo que representa un promedio anual de 9.3%. Como puede observarse en el siguiente gráfico, el mayor crecimiento se experimentó en el año 1996, en donde la matrícula creció a un 15.4% con respecto al año 1995, seis puntos más que el crecimiento promedio anual del período 1994/1997.
Tasa de
Crecimiento de la Matrícula Estudiantil
Cuadro no.
10
El principal aporte al crecimiento general de la matrícula estudiantil en el nivel superior durante el período de referencia provino fundamentalmente del acelerado aumento experimentado en el número de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la cual pasó de 41,139 en el 1994 a 81,753 en el 1997 para una tasa de crecimiento de un 49.7%, para un crecimiento promedio anual de 16%. Ese crecimiento sostenido en la UASD se produjo con mayor intensidad en el año 1997 en donde se experimentó un aumento de un 24% con respecto al 1996. Para ese mismo año la O&M creció a un 19.6 %. Igualmente se produjeron ligeros aumentos en la UCSD, UCAP, UTESA y PUCMM. Pese al acelerado crecimiento de la matrícula estudiantil, la misma siguió concentrándose en siete grandes carreras: cinco nominadas como tradicionales: (Contabilidad, Educación, Derecho, Administración y Medicina) y dos carreras modernas de reciente aparición en la oferta: Mercadeo e Informática. Como puede verse en el cuadro siguiente estas siete carreras concentraron el 68% de la matrícula estudiantil en el año 1997, destacándose el hecho de que en tan sólo cinco de éstas se aglutinó más del 55% del total de la matrícula: Contabilidad, Educación, Derecho, Informática y Mercadeo.
Cuadro no.
11 Otras carreras con una participación importante en la composición de la matrícula superior son las de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial, Idiomas y Psicología, las cuales tienen cada una entre un 2% y 4% de la matrícula total. Las once (11) carreras que aparecen en el cuadro representan el 72.1% de la matrícula universitaria para el año 1997. Un aspecto importante en la composición de la matrícula estudiantil es el factor de género. En el caso de las universidades privadas el 59.37% de la matrícula en el año 1997 pertenecía al sexo femenino, cifra está muy distinta hasta la del 1980 en donde las mujeres tan sólo representaban un porcentaje no mayoritario de la matrícula total. Es muy notable, sin embargo, la diferenciación que se advierte en el marco de carreras específicas. En los casos de Educación, Turismo y Hotelería, Odontología, Bioanálisis, Secretariado, Enfermería, Bibliotecología, Arte y Decoración la presencia femenina supera el 70% de la matrícula. En cambio en otras carreras relacionadas con las áreas de la Ingeniería, Economía, Agronomía, Idiomas, entre otras, apenas llega a un 20%. Obsérvese en el gráfico anterior que en las carreras de mayor número de estudiantes la presencia de mujeres es mucho mayor que la de los hombres, como son los casos de Contabilidad, Mercadeo, Medicina, Educación y en menor grado Derecho e Informática.
1.3.4.2.3. Egresados de las Instituciones de Educación Superior Los graduados por el sistema de educación superior en período 1992/1996 totalizan 58,320 profesionales y técnicos. Si bien esta totalidad en principio es adecuada, podemos observar en el cuadro 11 que carreras fundamentales para el desarrollo, y considerando las perspectivas y desafíos del mundo actual, tiene una participación insignificante en el producto del período 1992-97. Véase por ejemplo las carreras de Electrónica, Electricidad, Electromecánica y Mecánica. También se percibe la ausencia y prácticamente la desaparición de la oferta educativa superior del área de las Ciencias Básicas: Química, Física, Matemática, Biología, etc. 1.3.4.2.4. Situación de la Investigación en las Instituciones de Educación Superior Los programas académicos de las universidades están limitados casi exclusivamente a la función de docencia u oferta de carreras. Según se constata en el Diagnóstico de la Educación Superior Dominicana (1986), el área o función de Investigación es prácticamente inexistente. Apenas cinco (5) Instituciones de Educación Superior ejecutaron proyecto de investigación durante el período 1981-1985, para una cantidad de 107 proyectos. Esta realidad se corresponde con la exigua cantidad de académicos dedicados a la labor Investigativa. En períodos subsiguientes esta situación en lugar de mejorar se ha empeorado.
Gráfico
No. 19
Mientras esto ocurre en la realidad de nuestras instituciones, la mayoría de ellas postulan en sus documentos básicos la integración de las funciones de investigación, docencia y servicios. En realidad, la mayoría de nuestras instituciones a duras penas, sólo desarrollan la función de docencia. Una revisión rápida de la estructura curricular prevaleciente en las instituciones de educación superior del país nos indica que éstas sólo le asignan un espacio/tiempo concreto a la docencia, en tanto que a la investigación y la extensión o prestación de servicios se dejan en el aire. Esta situación caracteriza a las instituciones educativas actuales como docentistas y, por consiguiente, de escasa participación real en la aprehensión y transformación de los problemas y potencialidades del país en las áreas privilegiadas o de impacto. Este hecho también se traduce en una escasa formación crítica de sus profesionales y la ausencia de articulación de sus funciones básicas. No son casuales las críticas y reclamaciones de amplios sectores e instituciones de la sociedad al sistema educativo superior. Se cifra el caso, por ejemplo, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Procurador General de la República, quienes vienen insistiendo en la revisión de las escuelas de derecho de las universidades, llegando al extremo de endilgarle el calificativo de “analfabetos” a los abogados que muchas de ellas están produciendo. Tampoco es casual la presión internacional ejercida por gobiernos diversos sobre el sistema educativo superior y muy especialmente en lo que respeta a la formación de médicos y odontólogos. Esta presión obligó al propio Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) a evaluar las escuelas de medicina de las universidades del país en varias ocasiones. Recientemente se conoció del cierre de la escuelas de medicina de dos universidades en atención precisamente a esos reclamos. Todo esto tiene un común denominador a la que no escapa el grueso de las instituciones de educación superior: La baja calidad de su oferta debido, fundamentalmente, a que sólo se limitan a la función de docencia, con muy precaria investigación y experimentación en los casos en que aparecen: lo que hace suponer que dicha función docente descansa entonces en la mera transmisión de “conocimientos” y por consiguiente en una docencia por lo general memorística y de poca significación y actualidad. La práctica pedagógica, en estos casos, deviene en una obligada repetición y memorización de conocimientos y procesos abstractos, elaborados por otros (los científicos), en lugar de construir y/o reconstruir conocimientos, tecnologías y procesos que respondan concretamente a los desafíos que se les plantean al país en sus respectivas áreas y sectores sociales y/o productivos. I.4. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL DOMINICANO. Para el propósito de este trabajo, el empleo es una variable importante a conocer, de ahí que la República Dominicana presenta en su mercado laboral características que no distan mucho de las prevalecientes en toda América Latina, aunque con algunas particularidades. El volumen de la oferta de mano de obra, depende básicamente, de los factores demográficos y económicos sociales a que está sometida la población. En países como la República Dominicana, con una débil industrialización y una población económicamente activa creciente, la oferta de mano de obra es abundante y sobrepasa los niveles de absorción de la demanda. Podría decirse que la oferta de mano de obra del país, presenta las características típicas de los países de la región: una PEA elevada, fuerte migración rural-urbana, alta participación de jóvenes y bajos niveles de calificación con alto desempleo. A las características anteriores habría que añadir el hecho de que la informalidad y el empleo en los sectores no transables han ganado participación, y los salarios han tenido un mejor desempeño que en la segunda mitad de los ‘80s, pero con diferenciales crecientes entre trabajadores con y sin calificación. 1.4.1. Evolución de la Población Económicamente Activa (PEA). Como características más significativas del mercado laboral, se observa un acelerado crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) en los últimos veinte años, con unas elevadas tasas de desocupación abierta y un incremento cada vez mayor en las tasas de participación femenina, así como un alto proceso migratorio. No obstante esta tendencia de acelerado crecimiento de la PEA, a partir de la década de los noventa baja el ritmo de aceleración fruto del proceso de maduración de la población nacida décadas atrás cuando se registraban altas tasas de natalidad (el promedio de hijos era de 7, encontrándose en la actualidad en 3). Estas características, ligadas a la incapacidad del aparato productivo de crear empleos permanentes, es una de las principales razones para que se hayan mantenido los niveles de desempleo abierto y se haya difundido el subempleo. Entre 1970 y 1991, la tasa de desempleo abierto había permanecido por encima del 20%. Sin embargo, para 1997, el desempleo bajó a un 15.9% continuando esta tendencia en 1998 cuando las estadísticas arrojan un 14.3%, según datos del Banco Central. La evolución de la PEA se verifica en medio de una rápida transformación de la estructura económica y productiva nacional, en función de la cual el país se ha ido convirtiendo cada vez más en una economía productora de servicios. Ello ha afectado directamente el comportamiento del mercado laboral, cuyo reflejo directo es la cambiante dinámica del proceso de absorción productiva de mano de obra. De esta manera, la PEA en su distribución por sectores y ramas de actividad económica ha tenido una radical reconcentración. Mientras en los años ’50 el sector agropecuario concentraba el 70%, para el 1996 sólo representa el 14.5% con una tendencia a continuar su baja. Sin embargo, las actividades de comercio y servicios que tan solo alcanzaban en los ’70 un 6.4% y 17.9% respectivamente, para 1996 estas actividades representaron el 23.2% y 27.2% respectivamente. Es así como la PEA se ha reconcentrado en actividades urbanas, básicamente vinculadas al comercio y los servicios. Es decir, la economía de las grandes ciudades se ha terciarizado. La conjugación durante las últimas décadas de una PEA en rápido crecimiento y una gran rigidez de la oferta de empleos en los principales sectores productivos (determinada en el sector agropecuario por la alta concentración de la propiedad y las características de uso de la tierra, y en los sectores manufactureros urbanos por la frecuente utilización de tecnologías ahorradoras de mano de obra) ha dado lugar a la permanencia de altos niveles de desempleo y subempleo.
Cuadro no.
12 En la República Dominicana, es interesante observar que se verifica una tendencia de la PEA migrante a concentrarse más que la nativa en actividades terciarias. Por otra parte, es importante considerar que los cambios demográficos de los últimos años en la República Dominicana, también han impactado significativamente la composición de los mercados laborales; particularmente, ha cambiado la oferta ocupacional en la estructura por edad, sexo, y lugar de residencia de la PEA, entre otros. La población en edad de trabajar (PET) entre 1991 y 1997 se estima que creció en un 2.3%, dentro de la cual la población joven de 10-29 años creció en el 2.8%, representando el 56% del total de la población en edad de trabajar. Dentro de ese tramo de edad, la población de 20-24 años, que podría ser considerada la población de estudiantes universitarios representa el 16.7% de la PEA, siendo los ocupados un 15.1% (400,161) y los desocupados el 25% (125,682),esto para 1997.(12) (12) Mercado Laboral, 1997. Banco Central de la República Dominicana En términos porcentuales, la mano de obra joven es incorporada en mayor proporción por las zonas francas, más que cualquier otro sector. La edad promedio en las zonas francas es de 27.4 años, mientras que en el turismo y la agroindustria es de 29.9 y 32.6 años respectivamente.
Gráfico No. 20
Por otra parte, en lo que se refiere al cambio experimentado en la estructura por sexo, la población femenina ha venido integrándose al mercado de trabajo de manera creciente. La incorporación creciente de la mujer a la fuerza de trabajo, condicionado por el agravamiento de las condiciones de vida de las familias, ha sido facilitada básicamente por las zonas francas al proporcionar alternativas de empleos a una gran cantidad de mujeres con bajos niveles de escolaridad y calificación. De ahí que, para 1992, la cantidad de mujeres empleadas en el sector de las zonas francas (60.2%) duplique el número de mujeres empleadas en el sector turismo (29.6%), y triplique al que labora en la industria (19.2%). El aumento sostenido en la participación de las mujeres en actividades económicas se ha traducido en una reducción en las brechas de participación con relación a los hombres de un 50%. Mientras en 1991 las diferencias en las tasas de actividad económica entre hombres y mujeres era de 25 puntos porcentuales a favor de los primeros, en 1996 esta diferencia se redujo a 12.3 puntos porcentuales.
Gráfico No. 21
No obstante, algunos estudios nacionales y regionales plantean que la entrada de las mujeres al mercado de trabajo se ha dado fundamentalmente en calidad de desempleada. ENDESA ’96 arrojó una tasa de desempleo del orden del 58.7%, es decir, seis de cada 10 mujeres no han sido absorbidas por el mercado a pesar de formar parte de la PEA. De todas maneras, este comportamiento pone de manifiesto el cambio en la estructura de la PEA por sexo. Ahora bien, como consecuencia de la desocupación en el sector agrícola, la población migrante dió lugar a un cambio de residencia de la población. La población urbana que en 1993 era de 55.5% con mayor nivel de desempleo que el total estimado en 27.4%, pasó en 1996, según la ENDESA’96 a un 62%. En efecto, de acuerdo con los datos de la ENDESA’96, el 62% de la población reside en la zona urbana y el 38% en la zona rural. El 37% se concentra en las edades menores de 15 años, en tanto que los grupos en edades activas y reproductivas (15-64 años) representan el 58% y la fracción restante (5%) corresponde a las personas de 65 años y mas. Un punto importante que se destaca en la ENDESA’96 es el referente a la reorientación de las corrientes migratorias interregionales durante el quinquenio 1986-1991: en este período se redujo notablemente la proporción de migrantes que se dirigen al Distrito Nacional. Si bien el mismo continúa siendo el principal punto de destino de la migración interna, aumentando en cambio la emigración desde esta área a otras regiones. En contraste, las regiones Cibao Central y Yuna tuvieron un incremento en la inmigración y una reducción en la proporción de emigrantes. Se estima que estos cambios tienen estrecha relación con el acelerado desarrollo de las zonas francas industriales de exportación.
Bajo este marco que presenta el mercado laboral, con sus distintos cambios, y conociendo que la mano de obra joven significa aproximadamente un 56% de la Población Económicamente Activa, veamos entonces, cual es la absorción de esta mano de obra en función de su calificación. En el cuadro anexo se puede observar como ha sido la evolución de los profesionales, gerentes y administradores, no sólo dentro de la Población Económicamente Activa, sino en términos de los ocupados y desocupados. Según el cuadro, elaborado con informaciones del Banco Central, para 1991, el total de profesionales, gerentes y administradores significaban el 11.1% de la PEA, siendo de este total el 13.5% de los ocupados y el 1.6% de los desocupados. Ya para 1996, este grupo significa el 14.6% de la PEA; el 16.3% esta ocupado y un 6.3% desocupado. Como se puede observar, la participación de este grupo, no es muy significativa considerando que la mayor población económicamente activa está compuesta por jóvenes. En circunstancias en que los sectores y mecanismos formales de absorción masiva de mano de obra (industria doméstica y gobierno), tienden a perder capacidad para generar empleos, las zonas francas se han constituido en el polo de la absorción de fuerza de trabajo que ha paliado más el desempleo en la República Dominicana. El carácter intensivo del uso de mano de obra de las zonas francas, y su creciente absorción de grandes contingentes de desempleados, ha impactado bastante los mercados de trabajo en el país. La población asalariada se ha expandido a nivel nacional y, en particular, en las regiones en que las zonas francas están localizadas. Ahora bien, el modelo está cambiando y el actual proceso de liberalización de los mercados impone cada día un mayor sesgo de la demanda laboral hacia una mano de obra más calificada y por tanto, se presenta una oferta inelástica de dichos trabajadores. Existen algunas medidas que tienden a reducir los niveles de desempleo, sin embargo, los riesgos sociales que implica un proceso de liberalización no están siendo considerados en toda su magnitud, ya que no existen lineamientos definidos sobre políticas de empleo y desempleo. De ahí que, tanto el gasto social en educación, para adecuar la mano de obra a los nuevos tiempos, como el diseño de los referidos lineamientos son acciones impostergables para un proceso de desarrollo con rostro humano.
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